Los empresarios argentinos Hugo Jinkis y su hijo Mariano Jinkis comparecerán mañana jueves ante la Justicia de Estados Unidos por su implicación en el escándalo FIFAGate, tras más de una década prófugos desde su imputación en el caso abierto en Nueva York.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York hizo público este miércoles un documento en el que se dirige a la jueza, Pamela Chen, para solicitar la audiencia y abordar “una resolución de los cargos contra los acusados”, los Jinkis, que “residen en el extranjero”, en alusión a los Jinkis.
El acuerdo de los Jinkis, como antes lo había sido el del ex gerente de TyC Alejandro Burzaco, es un antecedente para el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, quienes están siendo investigados en la Justicia de Miami por supuesto lavado de dinero, a través de TourProdEnter de Javier Faroni.
La Corte del sur de la Florida espera que el ex gerente de Comercialización de la AFA, Leandro Petersen, declare como testigo para avanzar en la causa que abrió una denuncia del empresario futbolístico Guillermo Tofoni. Petersen también estaría negociando un acuerdo para no ser imputado por la Justicia de EE.UU.
El caso de los Jinkis, aunque tardó 10 años, es un hipotético escenario para Tapia y Toviggino si avanza la denuncia en la Justicia norteamericana, afirmaron fuentes judiciales a Clarín.
Hugo y Mariano Jinkis, propietarios de la empresa de marketing Full Play, fueron acusados en 2015 de participar en una trama de sobornos a funcionarios de las federaciones de fútbol de América llamadas Conmebol y la Concacaf a cambio de los derechos de difusión y comercialización de varios eventos, informó la agencia EFE.
Las autoridades estadounidenses dicen prever que los Jinkis “renunciarán a su derecho a una acusación formal por un gran jurado y serán acusados de cargos” por delitos de soborno comercial, pero esperan también que los dos se declaren no culpables de los mismos.
En un comunicado, la Fiscalía indica que los acusados han firmado “acuerdos de procesamiento diferido adjuntos”, algo que tiene que verificar la jueza y que anticipa su cooperación y cumplimiento de unas condiciones no detalladas en la moción, y prevé que soliciten la libertad bajo fianza.
La autoridad sí divulgó una “declaración de hechos” que forma parte de esos acuerdos con los acusados, y que especifica que estos “han mostrado su conformidad con la información contenida”.
En concreto, indica que los Jinkis usaron el sistema financiero de EE.UU. “para transferir decenas de millones de dólares” en contratos aunque luego las organizaciones de fútbol recibieron menos de ese valor y otras transacciones relacionadas con “soborno comercial”.
Los Jinkis se entregaron a la Justicia de Argentina en junio de 2015 y quedaron detenidos por orden del juez Claudio Bonadio mientras se tramitaba una extradición a EE.UU. a la que se opuso su defensa; dos meses después fueron excarcelados bajo ciertas condiciones, como permanecer en arresto domiciliario.
Estados Unidos presentó cargos contra más de 50 acusados de una veintena de países en el escándalo de corrupción del ‘FIFAGate’, pero en los últimos meses revocó las condenas de algunos implicados, lo que impulsó a otros a solicitar la anulación de sus sentencias.
En noviembre de 2015, Alejandro Burzaco, entonces principal accionista y CEO de Torneos y Competencias, se declaró culpable en la Justicia federal de Brooklyn de tres cargos: conspiración para cometer racketeering (asociación ilícita), conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.
Admitió haber participado en el pago de millones de dólares en sobornos a dirigentes de FIFA, CONMEBOL y otras organizaciones, a cambio de derechos de televisación y comerciales de torneos. Entre otros hechos, la investigación estadounidense estableció que Burzaco y sus socios acordaron pagar unos US$30 millones al entonces presidente de la AFA y vicepresidente de FIFA, Julio Grondona, por los derechos de cuatro Mundiales.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Burzaco aceptó decomisar más de US$21,6 millones vinculados con el esquema de corrupción.
La gran diferencia respecto de otros acusados fue su colaboración con los fiscales estadounidenses. Burzaco se convirtió en uno de los principales testigos de la causa y declaró extensamente en el juicio contra otros dirigentes y empresarios.
Finalmente, el 12 de mayo de 2023, la jueza federal Pamela Chen lo condenó a “tiempo cumplido” (time served) por los tres cargos, es decir, consideró cumplida la pena con el tiempo que ya había permanecido detenido o bajo restricciones judicialles. También recibió una multa simbólica de US$100 por cada cargo y quedó sin supervisión judicia
