Los incidentes registrados en el estadio Libertadores de América durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana siguen generando repercusiones judiciales e institucionales.
En diálogo con DSports, el fiscal de la causa, Mariano Zitto, brindó detalles alarmantes: “Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas carátulas”.
El funcionario judicial señaló que el episodio fue registrado por centenares de videos que evidencian el nivel de violencia: “Hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias”.
Zitto también cuestionó la falta de medidas preventivas: “La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el bufet. Eso debería haber dado una alerta antes de que comience el espectáculo deportivo”. Respecto de la clausura del estadio, explicó que se debió a la descoordinación entre la seguridad privada y las fuerzas policiales: “Entre todos los involucrados deberían ponerse de acuerdo en cómo actuar en cualquier otro partido en este estadio”.
La denuncia de la U de Chile
En paralelo, la Universidad de Chile presentó una denuncia formal en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N°4). El presidente del club, Michael Clark, acompañado por el director José Ramón Correa y el abogado Jorge Arredondo, acusó delitos sufridos por los hinchas visitantes durante los episodios de violencia en Avellaneda.
Independiente identificó a 25 violentos
Por su parte, la dirigencia del Rojo emitió un comunicado en el que informó que ya fueron identificados 25 hinchas involucrados en la brutal agresión contra los simpatizantes chilenos. “Gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo en conjunto con APreViDe, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos el derecho de admisión de por vida”, remarcaron desde el club.
El escándalo sigue escalando tanto en la Justicia como en los organismos de seguridad, en un caso que marcó un nuevo episodio de violencia extrema en el fútbol sudamericano.
BP